El próximo 31 de enero concluye la actual prórroga de los ERTE. Con la intención de alargar estos expedientes, Gobierno y agentes sociales se encuentran inmersos en intensas negociaciones. De hecho, las negociaciones para prorrogar los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) al menos hasta el 31 de mayo entran en una semana clave. El Gobierno quiere evitar que, como en otras ocasiones, el acuerdo se produzca ‘in extremis’ y ha puesto sobre la mesa una nueva propuesta con la que espera lograr el sí de las partes.
Tras varias reuniones la semana pasada en las que no se logró un acuerdo definitivo pero sí avances importantes, según las fuentes consultadas, el nuevo texto del Gobierno pretende agilizar la tramitación de los ERTE, pero no supone cambios sustanciales respecto a la regulación actual, que expira el próximo 31 de enero.
Escollos en las negociaciones
El principal escollo para cerrar el acuerdo es el compromiso de mantener el empleo durante seis meses al que están obligadas las empresas que se acogen a un ERTE. Si dicho compromiso se incumple, las empresas tienen que devolver todas las ayudas recibidas en exoneraciones de cuotas.
Las organizaciones empresariales, CEOE y Cepyme, reclaman cambios en la formulación de este compromiso debido a los problemas de solvencia que presentan ahora las empresas y que, según argumentan, les impedirá mantener a todo el personal en nómina.
Así, lo que plantean es que, si se incumple este compromiso, las empresas devuelvan las ayudas recibidas por cada trabajador del ERTE que sea despedido, pero no por toda la plantilla que se incluyó en este procedimiento.
Esta demanda ha sido rechazada de plano por el Gobierno y por los sindicatos, que entienden que los recursos públicos que se utilizan para sostener las rebajas de cuotas empresariales en los ERTE tienen que tener una ‘contraprestación’: que las empresas no despidan.
Desde el Ejecutivo, tanto la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, como la vicepresidenta tercera y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, han dejado claro que no se utilizará el dinero de los ERTE para despedir. «Nadie duda ni por un segundo de que evidentemente el apoyo público tan importante para la financiación de todas las bonificaciones de cotizaciones a la Seguridad y prestaciones que se pagan a los trabajadores cubiertos por ERTE no pueden en última instancia servir para procesos de despidos más adelante», aseveró Calviño el pasado viernes.
Así las cosas, la propuesta del Gobierno para prorrogar los ERTE mantiene el compromiso de mantenimiento del empleo, así como el esquema actual de ERTE, según adelantó la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, hace unos días. Asimismo, se mantendrá también la prohibición de despedir a las empresas, la de repartir dividendos y la de realizar horas extraordinarias. Además, los trabajadores afectados por ERTE seguirán teniendo acceso a la prestación sin periodo de carencia, no les computará el periodo consumido hasta enero de 2022 y la prestación equivaldrá al 70% de la base reguladora.
Trabajadores en ERTE en España
Según los últimos datos de la Seguridad Social, a cierre de diciembre estaban en ERTE más de 755.610 trabajadores, aunque en el pico alto de la pandemia los trabajadores protegidos llegaron a ser más de 3,4 millones.